Dicha deuda, según las compañías, "equivale a más del 61% de la deuda total contraída por organismos públicos y corporaciones locales con las eléctricas en concepto de facturas de luz sin pagar, que se situaba en 1995 por encima de los 97.000 millones de pesetas".

Junto al malestar que esta situación origina en las empresas del sector, sus responsables suman ahora la reciente reforma del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) paa las instalaciones de producción de energía, especialmente las hidroeléctricas, por la que las compañías del sector creen que verán aumentada la presión fiscal.

"El nuevo IAE", según las fuentes consultadas, "obligará a las eléctricas a pagar más impuestos municipales de los que venían abonando a las corporaciones locales, a pesar de que estas administraciones son los principales morosos del sector".

Hasta ahora, las eléctricas tributaban el IAE a los municipios en función del tiempo que estuviean en funcionamiento, pero los efectos de la sequía y la baja disponibilidad de agua en los embalses ha generado un efecto negativo en las economías de los ayuntamientos, que han demandado un nuevo sistema para asegurarse unos ingresos mínimos fijos.

El resultado ha sido la reforma del IAE en los últimos días de legislatura aprovechando un decreto sobre sequía, por el que las plantas hidroeléctricas tributarán 120 pesetas por cada kilowatio/ hora que puedan producir, y no por el que produzcan efectivaente, como hasta ahora.

Según las empresas, "en resumen, lo que han conseguido los ayuntamientos es cobrar impuestos por una actividad industrial, al margen de que esa actividad se lleve a cabo a no", y añaden que "esto supondrá pagar más impuestos sin que aumente nuestra actividad, ya que las plantas hidroeléctricas han venido funcionando una media del 40% de las horas que podrían hacerlo".

El nuevo IAE de las eléctricas es consecuencia de un acuerdo parlamentario entre el PSOE y CiU, introducid en el último día del periodo de sesiones en un decreto sobre sequía, con el fin de que entrase en vigor antes de la reciente disolución de las cámaras legislativas, a causa de la convocatoria de elecciones en marzo.

Las eléctricas opinan que "estos dos partidos han inclinado la balanza a favor de los ayuntamientos en pleno periodo electoral, al aplicar un sistema de mínimos a pagar por el que las compañías salen perjudicadas, aunque se haya rebajado el importe del tributo por kilowatio/hora".