El documento elaborado por el grupo de expertos Comitted2Equality (C2E) revela que el 88% de los consistorios desconocían que las empresas que les suministraban bienes y servicios no desarrollaban políticas para la igualdad de oportunidades.

Según sus autores, de 300.000 de estas empresas suministradoras, el 92% no contaban con políticas para la igualdad.

El informe añade que la mayoría de los ayuntamientos no se preocupa de exigir a estas empresas que cuenten con políticas contra la discriminación, a pesar de que anualmente invierten en ellas en torno a los 58.170 millones de euros en ellas, lo que les sitúa en posición de hacerlo.

La legislación británica cuenta con una serie de leyes que prohíben la discriminación y hacen obligatoria la implantación de políticas para la igualdad por parte del gobierno central y las autoridades locales.

Los principales textos en este ámbito son las Leyes contra la Discriminación por razón de Sexo de 1975 y 1986, la de 1976 contra la discriminación por motivos raciales, enmendada en 2000, y la Ley contra la Discriminación de los Discapacitados de 1995, cuyo objetivo era hacer responsables a los organismos públicos de la aplicación de las políticas para la igualdad.

"Actualmente, la tasa de empleo de la población en edad de trabajar del Reino Unido es del 75%, sin embargo para las minorías raciales es del 59% y para los discapacitados del 49%", indica Jane Lakhani, presidenta de C2E.

Según Lakhani, la actuación de los ayuntamientos podría contribuir en gran medida a luchar contra estas desigualdades, pero actualmente no están haciendo nada al respecto, por lo que su organización les hará llegar los resultados de su investigación.