El hotel se mantuvo cerrado desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020 y después, aunque abrió sus puertas lo hizo con una limitación de aforo del 75% entre el 21 de junio y 6 de noviembre de ese mismo año. De esa fecha hasta final de año sólo estaba autorizado a registrar una ocupación máxima de un tercio del aforo.

La empresa recurrió a los tribunales para lograr la devolución del impuesto pagado, pero el Ayuntamiento se opuso con el argumento de que el hotel pidió la devolución cuando las liquidaciones ya eran firmes por lo que defendió que la petición no tenía sentido “ya que el devengo se había producido, conforme a la naturaleza del impuesto, el primer día del periodo impositivo, poniéndose de manifiesto con posterioridad, la prohibición de ejercicio de la actividad, por disposición reglamentaria del Gobierno de la nación”.

Sin embargo, el juez entiende que en este caso “se trata de un supuesto de ausencia de hecho imponible, sin que resulte exigible a la parte actora la formalidad de comunicar una baja en la actividad, que le había sido impuesta por el mismo estado (en sentido amplio) que ahora reclama el tributo de la pretendida actividad, sin que se trate, como pretende el Ayuntamiento, de una bonificación, sino de la devolución debida, de ingresos derivados de hecho imponible no producido, ante la reducción forzosa del período y objeto del impuesto”.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia no puede ser recurrida y, por tanto, es firme. Además de la devolución del montante del impuesto el juez impone el pago de las costas procesales al Ayuntamiento.