De esta cuantía, 401 millones corresponden a infracciones urbanísticas cometidas por la propia Sociedad Estatal antes y durante la celebración de la Expo.

El resto de la deuda corresponde a paises y empresas que participaron en la muestra como Marruecos, Cuba, Chile, el COI, Rank Xerox y Junta de Andalucía, entre otros.

Las infracciones urbanísticas más frecuentes fueron a la utilización de edificiossin licencia de primera ocupación, así como al incumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos solicitados para urbanización en la isla de la Cartuja.

Por el momento, se desconoce oficialmente si la Sociedad Estatal, los diferentes paises y empresas que cometieron las infracciones abonarán la cuantía de las multas impuestas, o por el contrario agotarán el plazo establecido para ello y se acogerán a cualquier otra medida con el ayuntamiento hispalense.