Una de estas querellas aporta al juzgado que la instruye un documento interno de la Concejalía de Policía en el que ordena a los agentes que "se proceda a la retirada de los vehículos por la grúa" cuando se incumpla la OLA.

Las acciones judiciales iniciadas por varios ciudadanos de Santander, que además de a los políticos afecta al secretario del Ayuntamiento y al jefe del negociado de Policía, ha llevado a declarar ante el juez al jefe de la Polica Municipal, Arturo Alvarez Cuende, quien aseguró que sus superiores le habían ordenado continuar con la retirada de los vehículos a pesar de la sentencia.

Estas querellas se unen a las ya sentenciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en las cuales se declaraba ilegal la retirada de vehículos con la grúa por no existir obstrucción de la vía pública y se deslegitimaba a los vigilantes de la empresa privada concesionaria del servicio para imponer sanciones.

En la primera, la salade lo contencioso-administrativo del TSJC consideraba que el artículo de la ordenanza que permitía la utilización de la grúa colisionaba con la Ley de Seguridad Vial, por lo que era contrario a derecho.

Por su parte, la sentencia que quitaba autoridad a los vigilantes de la concesionaria para imponer sanciones señalaba que la OLA vulneraba la presunción de inocencia recogida en la Constitución y, basándose en las tesis del Tribunal Supremo, señalaba que sólo los policías municipales tienen autoridad pra imponer multas.

A pesar de las sentencias y de las nuevas querellas contra la OLA, el Ayuntamiento de Santander mantiene la ordenanza bajo el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que defiende la tesis de que el estacionamiento urbano es un "bien escaso" y es necesario que se regule.