La legislación ha sido propuesta el alcalde Gavin Newsom y entrará en vigor en 90 días. Durante su primer año de vigencia solo será aplicable a la industria textil, para ampliarse progresivamente a otros proveedores.

En virtud de este texto, los proveedores y fabricantestendrán que pagar el salario mínimo local a sus trabajadores, garantizarles el derecho a sindicarse y velar por el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad e higiene laboral.

Asimismo, deberán certificar que sus productos no proceden del trabajo infantil, forzado o de presos extranjeros, e informar sobre las empresas a las que subcontratan servicios, donde tienen su sede y los sueldos que perciben sus trabajadores.

Las ciudades de Los Angeles, Milwaukee, Newark y Nueva Jersey ya disponen de normativa contra los productos procedentes de factorías donde se violan los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, la ley recién aprobada por San Francisco es más estricta, ya que incluye una definición más concreta de las situaciones que constituyen trabajo forzado, y aquellas empresas y mayoristas que violen sus preceptos, quedarán excluidas de futuros contratos públicos.

Con esta iniciativa, el consistorio de la ciudad californiana, que tiene un presupuesto anual de 600 millones de dólares, pretende utilizar su poder adquisitivo, para conseguir un cambio de comportamiento de las factorías y mayoristas que operan en la ciudad.