Así lo indica una resolución emitida por la alcaldía a la que tuvo acceso Servimedia, en la que explica que esas actividades producen la liberación y esarcimiento de los restos enterrados, lo que "constituye un peligro grave e inminente de polución medioambiental que viene repitiéndose con inusitada frecuencia en corto espacio de tiempo".

La orden del alcalde, Eduardo Díaz, también insta a la policía local a vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto y a que denuncien todas las infracciones que observen para informar de ellas al delegado del Gobierno de la comunidad madrileña.

Asimismo, advierte que en caso de reincidencia el expediente seá transmitido al Ministerio Fiscal para que estudie si los hechos comprobados son constitutivos de delito o falta penal.

MALOS MODOS

Tras conocer la orden de suspensón de las labores que desarrollaban sus operario, Dionisio Martín Sanz acudió a las dependencias de la Policía Municipal de Rivas-Vaciamadrid, donde entró increpando a los agentes con "voces y de manera despectiva", según consta en un acta policial al que accedió esta agencia.

Hace unos días, fueron detectados diversos restos de prouctos residuales en el término municipal que, al parecer, tenían su origen en las labores de roturación y arados realizadas en la zona del antiguo vertedero de Madrid por el personal de Autocampo S.A.

Efectivos de la policía local localizaron al trabajador M.P.I. realizando estas tareas, por lo que le conminaron a que cesará sus actividades.

El acta policial asegura que el operario declaró que lo hacia por orden de su jefe, quien le habría advertido "que no hiciera caso si venían las autoridades"

Dionisio Martín mantiene un litigio con PSV, sociedad ligada a la central UGT, sobre la propiedad de los terrenos que eran roturados, situados junto al futuro Parque Regional del Jarama y Bajo Manzanares.

Testigos presenciales señalaron que cuando Martín Sanz entró en las dependencias de la Policía Municipal de la localidad madrileña, afirmó que denunciaría a "PSV y al ayuntamiento por estar vendiendo terrenos que no son de ellos".

Antonio Serrano, concejal de Policía Municipal, argumentó qe el ayuntamiento no "entra en quien es el dueño de los terrenos. Sólo queremos preservar el medio ambiente, por lo que la suspensión es razonable".