"Lo consideramos una obligacion moral", declaró hoy a Servimedia el teniente en alcalde del Ayuntamiento de Son Servera, Gabriel Pons, que decidió el año pasado presentarse como acusación popular en este caso.

La letrada que representa al Ayuntamiento mallorquín, María Durán, considera que "la solicitud de 11.000 años de condena responde al cálculo de 16 años por delito de violación probadocomo consecuencia de las 738 ocasiones que las violaciones fueron presuntamente consumadas", ya que el acusado violó a su hijastra con una periodicidad casi semanal.

Los hechos comenzaron cuando el acusado comenzó en 1985 a vivir con la madre de la víctima y sometió a tocamientos a la pequeña, de 6 años de edad en ese momento.

Al año siguiente, los abusos se convirtieron en violaciones "aparentemente con el conocimiento de la madre", según manifestó la abogada Durán, aunque la Audiencia de Palma esestimó procesarla al no encontrar pruebas suficientes.

La niña, cuando tenía 14 años de edad decidió, el 21 de mayo de 1993, denunciar los hechos en un juzgado de Palma, que ordenó la detención e ingreso en prisión del padrastro acusado de un delito de violación continuada.

Durán señaló que "se puede deducir que la pequeña fue violada al menos en 520 ocasiones hasta que cumplió los 12 años de edad, y unas 218 veces desde esa edad hasta los 14 años, en que decidió denunciar los hechos".

El iscal entiende que es muy difícil precisar el número exacto de violaciones, aunque asume que los abusos y las violaciones se produjeron en un número indeterminado, por lo que solicita 30 años como pena máxima para el padrastro, que está en espera de juicio en la prisión de Palma.