La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha estimado el recurso interpuesto por los representantes municipales contra un auto dictado por el Tribunal Superior de Jusicia de Andalucía en enero de 1990, que anuló el decreto municipal en el que se recogió el proyecto de expropiación.

El pleno del Ayuntamiento acordó en agosto de 1989 las cantidades a pagar a los ocupantes del edificio para que desocuparan el inmueble y poder instalar la casa-museo con el nombre del pintor.

Los actuales arrendatarios consideraron vulnerados los derechos constitucionales contemplados en los artículos 14, 15 y 18 de la Carta Magna, que hacen alusión a la igualdad de todos los espaoles ante la ley y la inviolabilidad del domicilio.

El Tribunal Supremo, aunque reconoce los derechos de los ciudadanos, señala que éstos entran en colisión con el interés general, lo que "no puede ser obstáculo para dar satisfacción a lo que constituye la exigencia del interés general y de la ciudad de Málaga en particular con la figura de Picasso".

Según la sentencia, resulta evidente que se está perjudicando el interés general al demorar la circunstancia de que el público "tenga ocasión de concer, en adecuado ambiente, obra de personalidad tan destacada" como la del pintor malagueño.