Así lo explicó este jueves en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras ser informada la Junta de Gobierno por la delegada de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. Estas cifras suponen el cumplimiento del porcentaje mínimo de reserva de contratos, fijado en el 3,25% por la Junta de Gobierno de la ciudad en su acuerdo de 28 de diciembre de 2022 y cuyo importe mínimo se determinó en 5,4 millones de euros.

La iniciativa, que afecta tanto al Ayuntamiento como a los organismos autónomos y del sector público, forma parte, a su vez, del Plan municipal de reserva de la contratación para 2023, aprobado por el Área de Economía, Hacienda y Empleo el 30 de diciembre de 2022.

Según el tipo de centro, 30 de estos contratos de reserva, un 66%, corresponden a centros especiales de empleo de iniciativa social y un 33% (es decir, 15 de los contratos), a empresas de inserción.

Atendiendo al tipo de órgano municipal que realiza la contratación, la mayor parte corresponde a las áreas de Gobierno, un 42% de los contratos, seguido de las juntas municipales de distrito con un 35% de las contrataciones. Los contratos de reserva de organismos autónomos y empresas del sector público supusieron un 6% y un 15%, respectivamente.

En cuanto a la actividad, predominan los contratos vinculados a servicios de trabajos administrativos, un 35%, seguidos de servicios de limpieza, un 33 %. En menor proporción, los relacionados con servicios de mantenimiento y reparación, que suponen un 8%; los de catering y lavandería, un 6%; o los de correo e imprenta, cuyo porcentaje fue del 1%.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos en los que el 70% o más de su plantilla está constituida por personas con una discapacidad igual o mayor del 33%.

Además, estos centros deben estar promovidos y participados en más de un 50% por entidades que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Por último, están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

Las empresas de inserción son aquellas que realizan una actividad económica cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que están reconocidas y calificadas como tales por la Comunidad de Madrid.