Los inspectores municipales sancionarán con 50.000 pesetas a los propietarios que factren las llamadas con un recargo superior al 35 por ciento, que es el permitido legalmente.

Igualmente, impondrán multas por idéntica cuantía a los titulares de locales que hayan manipulado los teléfonos para impedir la entrada de monedas de cinco pesetas y obligar al usuario a utilizar otras de mayor valor.

En la campaña se comprobará también que sea expuesto, de forma visible para el cliente, un cartel informativo que contenga las tarifas vigentes, el tipo de IVA que se aplica y el recargo máxim de las llamadas, según estipula la ley.

El concejal de Sanidad y Consumo, Simón Viñals, hizo hincapié en la necesidad de que los consumidores madrileños apoyen esta labor de control municipal.

Para ello, aconsejó que se soliciten hojas de reclamaciones en caso de detectar alguna anomalía y que se acuda a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).