Para el Ayuntamiento jerezano, el decreto ley aprobado por el Gobierno supone un "gravísimo atentado" a la autonomía local y también a las facultades de las comunidades autónomas.

El consistorio recurrente asegura que el decreto gubernamental no tiene tampoco en cuenta la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional para repartir as competencias de suelo entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos.