El Gobierno municipal ordenó el pasado 19 noviembre la apertura de esta investigación tras la muerte del joven Álvaro Ussía a las puertas de la citada discoteca. La Junta de Gobierno ha recibido hoy el informe, que consta de más de 1.700 folios, incluidos sus anexos, según informó en rueda de prensa el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según avanzó Gallardón, los trabajos de investigación se han centrado en el análisis de las denuncias policiales sobre diferentes aspectos o irregularidades del local "El Balcón de Rosales" y su tramitación. Señaló que las infracciones muy graves establecidas en la Ley de Espectáculos Públicos fueron remitidas por Policía Municipal a la Comunidad de Madrid.

Entre las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios del Ayuntamiento, sobre las que informó el alcalde, figura que "El Balcón de Rosales" disponía de una concesión administrativa adjudicada por el Pleno del Ayuntamiento el 19 de julio de 1967.

La empresa concesionaria mantenía una licencia en vigor como cafetería y el Pleno de 26 de octubre de 2000 le otorgó una autorización para la actividad de "café-espectáculo". En dicha autorización se entendía implícita la licencia urbanística para tal actividad.

Otra de las conclusiones del informe, redactado con fecha de 20 de enero de 2009, es que con anterioridad a la muerte de Álvaro Ussía, suceso acaecido el 15 de noviembre de 2008, la Policía Municipal había efectuado doce visitas de inspección por diferentes motivos entre 2006, 2007 y 2008.

De estas visitas, cinco fueron motivadas por reyertas, dos por ruido, una por cuestiones relativas a horarios, una relacionada con hojas de reclamaciones y tres bajo el epígrafe "no consta".

El informe señala que el Ayuntamiento de Madrid, dentro de sus competencias sancionadoras, instruyó distintos expedientes derivados de las denuncias policiales, pero que desconoce la actividad realizada por la Comunidad de Madrid en este sentido.

El documento señala la especificidad que supone la licencia administrativa de un local que desarrolla sus actividades en una concesión administrativa, lo que ha contribuido a provocar cierta confusión en la tramitación de los expedientes, que, en su componente más grave, correspondían a la Comunidad de Madrid, y en el hecho de la intervención de diferentes órganos administrativos en el proceso de autorización de la licencia de este local, por una parte, y en el sancionador por las conductas previstas en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), por otra.

PROPUESTAS

El informe recoge una serie de propuestas para evitar que las circunstancias que han rodeado a lo sucedido en "El Balcón de Rosales" vuelvan a repetirse, como la revisión del marco normativo de la competencia sancionadora en materia de espectáculos públicos.

También defiende la procedencia de crear un órgano que sirva de nexo de unión entre el órgano que denuncia y quien tramita los expedientes sancionadores, a fin de poder efectuar un seguimiento detallado de los mismos, e instar, en su caso, el ejercicio de la facultad sancionadora. Además, plantea aumentar la coordinación entre los órganos encargados de la aplicación de la LEPAR y la Policía Municipal.

También propone la realización de un estudio que analice y revise el procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos desde su inicio y en todos sus trámites, así como los medios que el Ayuntamiento de Madrid dedica al mismo -con relación a su carga de trabajo- al objeto de proponer las medidas que eviten la repetición de las circunstancias descritas en el informe.