El Consistorio donotiarra impuso a cuatro funerarias multas de 15.000 pesetas por "intrusismo" ya que éstas realizaban los traslados de los cadáveres de personas que, viviendo en la provincia, habían fallecido en la capital, donde el Ayuntamiento tiene el monopolio de los vehículos fúnebres.

Uno de los empresarios pagó la citada multa, mientras que a otros dos les fueron interceptadas sus cuentas corrientes alzando así el embargo que pesaba sobre sus automóviles. El cuarto empresario, al no haber pagado sus deudas ni haerle interceptado la cuenta corriente, tiene sobre sí la orden de retener su vehículo en el caso de circular por San Sebastián, según confirmó la asesoría jurídica del ayuntamiento.

De esta manera, los empresarios de ASEFUGUI, que agrupa un total de 16 funerarias, aseguran que, al afectar el embargo a sus cuentas corrientes y no a sus vehículos, continuarán ejerciendo su labor normalmente.

La exclusiva de este servicio por parte del Ayuntamiento donostiarra remonta a 1927, en que se prohibió a la funerarias del resto de la provincia realizar los traslados de los fallecidos en los hospitales de San Sebastián y, cediéndoselo a la funeraria municipal.

La asociación ASEFUGUI, considerando que dicho monopolio no era extensible a las personas que, residiendo en la provincia fallecían en los hospitales donostiarras comenzaron, en 1991, a hacerse cargo de este tipo de traslados con la consiguiente denuncia por "intrusismo" del Ayuntamiento.

ASEFUGUI considera la medida tomada por el alcalde comoun "abuso de poder" y que deberían ser los propios familiares quienes decidan la empresa funeraria que va a realizar el servicio.

También le acusan de que, con el embargo, "el consistorio de la capital se hace, por vía de hecho, con el monopolio funerario de la provincia", extremo que niega aquel, asegurando que son las funerarias de la provincia las que buscan la "municipalización" de su servicio dejando de lado a la funeraria local.

Por su parte, la alcaldía de San Sebastián, mediante su asesora jurídica, acusó a las grandes compañías de seguros de "mercadear con cadáveres" y que con ello la residencia de ancianos de Zorroaga, a donde van destinados los beneficios de la funeraria municipal, ha perdido grandes sumas de dinero, lo que la ha puesto en una grave situación económica.

La funeraria municipal, al considerarse perjudicada por la detracción de ingresos provocada, en su opinión, por el intrusismo de las funerarias provinciales, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de lo Civil d San Sebastián por lo que consideran "lucro cesante".

Por el momento, ASEFUGUI tiene planteado, desde junio del pasado año, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) sobre la orden de prohibición. El TSJPV ya emitió, en un caso similar en Bilbao, una sentencia favorable al Ayuntamiento de la capital vizcaína.