Según explicó a Servimedia el actual concejal de Hacienda, Antonio Serrano (IU), la negativa del ayuntamiento obedece a que "la publicación era electoralista".

El edil señaló a esta agencia que informó a los acreedores que pongan el asunto en manos de sus servicios jurídicos, porque para la corporación ese gato debe pagarlo el PSOE, ya que en plenos comicios, la Junta Electoral de zona decidió retirar la publicación.

Asimismo, precisó que desde que se ha hecho cargo de las finanzas municipales trabaja para ordenar la Hacienda local, porque los anteriores responsables socialistas mantenían tal desorden y desorganización en el sistema recaudatorio que "parecía una oficina siniestra".

Dijo que lo primero que ha hecho es empezar a poner al día el pago de todas las contribuciones atrasadas, cuyos recibos o se habían pasado a los vecinos, por el electoralismo del PSOE y la mala organización del centro de gestión catastral.

Serrano indicó que espera obtener unos 70 millones de pesetas de las tasas impagadas, entre ellas el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), algunas del año 1987.

Otra de las mejoras que el concejal de IU impondrá en el municipio es la centralización e informatización de la Hacienda de Rivas, que hasta la fecha realizaba todas sus operaciones a mano.

PRESUPUESTO Y AUDITORIA

Pr otro lado, el pasado martes, día 20, el pleno municipal aprobó el presupuesto de 1991, que asciende a unos 1.500 miilones de pesetas, prorrogado hasta entonces, con el apoyo de todos los grupos políticos (PP, PSOE y Verde).

El concejal valoró como positivo el consenso conseguido, aunque precisó que "es un presupuesto de transición, ya que lo aprobado servirá casi exclusivamente para sanear la bancarrora dejada por los socialistas".

Por ese motivo, en los próximos días el Ayuntamiento de Rivas hrá público el pliego de condiciones para la realización de una auditoria externa, "ante la gravísima crisis financiera en que está sumido y las numerosas irrgularidades detectadas en la contratación y adquisición de bienes y servicios durante el mandato socialista", dijo Serrano.

El actual equipo de Gobierno contratará también los servicios de un bufete jurídico "de reconocido prestigio", que de forma paralela a la práctica de la Auditoria económico-financiera, elabore un dictamen sobre las posibles rsponsabilidades civiles, penales y administrativas".