Así se expresaron el presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Francisco Carrillo y la delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Concepción Dancausa, durante la presentación de un informe sobre dependencia de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Además, la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad, Gádor Ongil, criticó que "todavía falta el desarrollo normativo (de la ley) por parte del Estado" y añadió que cada comunidad autónoma, tiene que "aplicar su criterio" para resolver cuestiones como el sistema de "copago", según el cual las personas dependientes participarán en la financiación de los servicios de atención que reciban, dependiendo de su nivel de renta y de su edad.

Por su parte, Dancausa apuntó que "se ha perdido la oportunidad" de hacer una Ley de Dependencia "nacional", ya que al dejar a las comunidades y los ayuntamientos la capacidad de financiar y desarrollar esta norma, se generarán "diferencias" en la atención a la dependencia dependiendo de los territorios.

Tanto Dancausa como Carillo coincidieron en que con la aplicación de esta ley se "olvida" a las administraciones que "más han hecho por la dependencia", pues "penaliza" a los ayuntamientos y a las CCAA que llevan años ocupándose de dar estos servicios.

En este sentido, Ongil recordó que el departamento que dirige invertirá 790 millones de euros en atender situaciones de dependencia en 2008, una labor que se refleja en la normativa de la comunidad desde 2003.

Por su parte, Dancausa aseguró que en 2007 el Gobierno municipal destinó 200 millones de euros a atender la dependencia, lo que supone un incremento del 227% con respecto a los 61 millones que dedicó en 2003.

En cuanto al informe, elaborado por el CEIM, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, en este documento se estima que en 2016 un 20% de la población de la Comunidad de Madrid tendrá un grado de dependencia moderada, un 11% severa y un 6% grave.