Según el concejal de Hacienda del municipio, Marcial Franco, esta medida tiene como objetivo regular el "acoso" al qe los vendedores callejeros de alojamientos en tiempo compartido someten a los turistas.

Todas las encuestas realizadas por las instituciones y empresarios han reflejado el malestar de los turistas ante la persecución a la que están sometidos por los vendedores de "time sharing", la mayoría extranjeros sin permiso de trabajo.

El alcalde del municipio, José Juan Santana, explicó a Servimedia que gracias a la nueva normativa, "sólo las grandes empresas, de gran solvencia y profesionalidad podrán afontar estos impuestos". "Es una forma de poner fin a una actividad ilegal y regular la multipropiedad", explicó.

Con esta nueva fórmula se reducirán de 1.500 a 400 las personas que se dedican a vender en la calle las diferentes ofertas de multipropiedad. Además, tendrán que estar dados de alta en la Seguridad Social y realizar su trabajo en locales adecuados.