El grupo de CiU en el consistorio, por su parte, pidió hoy la constitución de una comisión informativa con participación de todos los partidos representados, para depurar las responsabilidades políticas que se deriven del caso, según un comunicado hecho público por la coalición.

El superintendente de la Guardia Urbana de Barcelona, que ocupó este cargo durante 13 años, presentó ayer la dimisión a Maragall, que se la aceptó, tras ser acusado d falsificación documental, aunque fue puesto en libertad tras declarar.

En la presunta trama falsificadora aparece implicado José Ramón Oms, que tenía antecedentes policiales por estafa y era socio del despacho del ultraderechista Alberto Royuela, un subastero de la Audiencia.

Según la policía nacional, que descubrió la trama, el subastero pidió a Julián Delgado, con el que tenía amistad, que le facilitara una hoja del archivo del padrón municipal en la que figuraban los datos y la firma de una mjer ya fallecida con el objetivo de utilizarlos y falsificarlos para intentar apropiarse de unos 50 millones de pesetas del legado testamental, que estaba cifrado en 100 millones.

Oms y Royuela, junto a un tercer detenido, Onofre Messeguer, tienen un despacho conjunto de negocios inmobiliarios. Todos ellos e Iván Ichart, la cuarta persona detenida por el caso, pasarán esta tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona.