Según la Asociación de Vecinos La Corrala, la adjudicación de las terrazas "corresponde, curiosamente, a Francisco Mota Llorente, hijo del concejal popular Venancio Mota, y a Juan José Pradillo, hermano de un destacado miembro del PP".

En su informe anual, la institución qe dirige Alvaro Gil-Robles hace referencia a las numerosas quejas recibidas por vecinos de la zona respecto a la Plaza de Santa Ana, que parten de la polémica decisión del Ayuntamiento de suprimir el mercadillo ubicado en ese espacio, aduciendo la recuperación de la plaza para la vecindad y razones de seguridad en el supuesto de que ocurriese un incendio en el Teatro Español, que hiciera necesaria la intervención de los bomberos.

"Según la motivación del Ayuntamiento", asegura el informe, "la Plaza deSanta Ana debía tenía que estar libre de impedimentos físicos (puestos de los artesanos) para que pudiesen eventualmente maniobrar los vehículos y personal de bomberos".

A pesar de ello, el consistorio permitió la colocación de terrazas a algunos bares de la zona y la instalación de enormes jardineras, lo que provocó más denuncias de los vecinos.

Esto, a juicio del Defensor del Pueblo, puso en evidencia, cuando ocurrió el incendio del Teatro Español el 14 de julio de 1991, la facilidad de acceso e los bomberos, a pesar de que la plaza se encontraba ese día, además, vallada en una gran parte por las obras de reforma que se estaban realizando.

"Los bomberos actuaron con prontitud y eficacia, lo que ponía en evidencia que igual podrían haber actuado de seguir en el lugar los puestos de venta de artesanía desalojados de la plaza", afirma el Defensor del Pueblo.

RETIRO LAS JARDINERAS

Esta institución comunicó estos argumentos al Ayuntamiento, que contestó diciendo que las terrazas estaban aparadas por la Ordenanza Reguladora de Quioscos y Terrazas de Veladores, y que las instalaciones hosteleras de la plaza cumplían con las determinaciones de seguridad previstas en aquella, aunque retiró las jardineras.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que las terrazas no se ajustan a la ordenanza reguladora, ya que el artículo 8 prohíbe la instalación de terrazas de veladores, mesas, sillas o toldos dependientes de establecimientos hosteleros de carácter permanente, cuando el establecimieno y la terraza de veladores están separados por calzada de rodaje de vehículos.

Por ello, la institución sugirió el pasado verano al consistorio que revocase las licencias otorgadas en su momento para la colocación de las terrazas en la Plaza de Santa Ana y la recuperación de la misma, de forma libre y gratuita, para el vecindario.

El informe del defensor del Pueblo concluye este asunto diciendo que el Ayuntamiento contestó que "dado lo avanzado de la actual temporada, a punto de finalizar, se cosidera que su consideración y estudio deberá tenerse presente para la próxima temporada", que es la de este año.

La institución volvió a requerir al Ayuntamiento un nuevo informe sobre esta cuestión, en el que expresase con precisión las razones jurídicas que amparaban el establecimiento de terrazas en la plaza, dictamen que no fue cumplimentado por el consistorio cuando la Oficina del Defensor del Pueblo cerró su informe sobre 1991.

A pesar de los intentos realizados durante toda la tarde, Serviedia no pudo contactar con el concejal de la Junta Municipal de Centro, Angel Matanzo, para su conocer su opinión sobre la instalación de terrazas en la plaza y la polémica suscitada por el informe de Gil-Robles.