El concejal de Urbanismo, Jesús Sánchez, sostiene que esta inhibición "produce auténticas agresiones en nuestro entorno, cuyos efectos pueden ser en muchos casos irreparables".

A su jucio, los múltiples organismos que actúan en el término municipal (Dirección General de Minas, Agencia de Medio Ambiente (AMA), Canal de Isabel II y Comisaría de Aguas del Tajo), han demostrado su incapacidad funcional en materia de inspección y control, lo que agravan aún más la situación. Asimismo, les acusó de tratar de impedir las diferentes iniciativas municipales.

Según la corporación de San Fernando de Henares, la Delegación del Gobierno ha devuelto a la Comunidad de Madrid la propuesta de cierr de la fábrica Química Ibérica.

En un documento de fecha 3 de septiembre enviado al Ayuntamiento, el delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, comunicó al alcalde que remitió el expediente de cierre a la AMA, por entender que no es competencia del Gobierno central la instrucción del expediente sancionador.

Jesús Sánchez entiende que, en las actuales circunstancias, la AMA es incompetente para hacer frente al problema, "como ya ha demostrado sobradamente al no contestar todavía una denuncia presenada ante ese órgano, en enero de este año", indicó.

El concejal de Medio Ambiente expresó su intención de abrir un doble frente de lucha contra el problema. En el plano institucional, pretende solicitar una entrevista con Crespo, para hacerle llegar personalmente la "fuerte inquietud" por la presencia de una industria como la de Química Ibérica en las inmediaciones del casco urbano.

Sánchez explicó que, curiosamente, la Consejería de Política Territorial aprobó la expansión urbana, justo hacia lazona adyacente a esta empresa, lo que constituye un peligro para la población.

DEFECTOS DE FORMA

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares abrirá un proceso de revisión de la licencia concendida a Química Ibérica en 1990, porque adolece de graves defectos de forma: no fue tramitada ni informada por la AMA.

Debido al carácter transnacional de la empresa (Grupo UCB, empresa matríz de Química Ibérica con sede en Bélgica), se está estudiando también la posibilidad de remitir el expeiente a organismos internacionales competentes en la materia.

Por otra parte, los Servicios Jurídicos Municipales analizan un documento emitido hace varios meses por la Comisaría de Aguas del Tajo, en el que se decreta el cese de la actividad extractora en las graveras situadas en dominio público.

En cualquier caso, ni la Comisaría de Aguas del Tajo ni la AMA, y tampoco la Dirección General de Minas, parecen tener en cuenta esta prohibición, según el concejal de Medio Ambiente, quien añadió que n existe constancia de que ninguno de estos organismos haya efectuado en los últimos meses ningún tipo de seguimiento o control del edicto publicado.

En opinión de Sánchez, "ya están operando sobre suelo calificado de interés histórico, científico y cultural".

Un estudio reciente de alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares pone de manifiesto la riqueza patrimonial que pude contener la zona. Igualmente, la actividad de extracción está produciendo cortes en el río, formando pequeñas presas, a o largo del cauce.