LAS AYUDAS PUBLICAS A LA VIVIENDA SON EN ESPAÑA ENTRE LA MITAD Y LA CUARTA PARTE QUE EN LOS PAISES DESARROLLADOS
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Las yudas públicas a la vivienda representan en España el 0,9 por ciento del PIB, lo que supone entre la cuarta parte y la mitad de lo que destinan a este fin los países más desarrollados, según un informe sobre "El Gasto Público en Vivienda" hecho público hoy por el Instituto de Estudios Fiscales.
El informe cifra en 333.116 millones de pesetas las ayudas públicas a la vivienda en 1989, último ejercicio para el que existen datos referidos tanto al Estado como a las comunidades autónomas.
De ese impote, 250.247 millones correspondieron a ayudas fiscales: 138.249 millones por deducciones en la cuota del IRPF y 111.998 millones por la aplicación del IVA reducido en la compra de la primera vivienda.
El resto de las ayudas se otorgaron en forma de préstamos y subsidiación de intereses, en una cuantía que ascendió a 82.869 millones de pesetas, de los que 69.693 millones fueron aportados por el Estado y 14.175 millones por las comunidades autónomas.
El informe compara del nivel de ayudas públicasla vivienda en España (0,9 por ciento del PIB) con el de siete países desarrollados y constata que es sensiblemente inferior al de todos ellos: Alemania (1,5), Dinamarca (3,7), Francia (2), Países Bajos (3,2), Reino Unido (3,4) y Estados Unidos (1,5).
EFECTO REGRESIVO
Para los autores del informe, las ayudas fiscales a la compra de viviendas, especialmente la deducción en la cuota del IRPF, tienen un efecto regresivo y benefician sobre todo a las personas de rentas altas.
Señalan asimismo que anto estas ayudas como las otorgadas mediante préstamos producen "un efecto contrario al perseguido", la elevación de los precios de las viviendas, al no existir una oferta suficiente de éstas.
Por esa razón, consideran necesario cambiar el signo de la política de vivienda, haciendo mayor hincapié en el aumento de la oferta de pisos que en un aumento de las ayudas, para lo cual estiman imprescindible un incremento significativo del suelo edificable.
Otras medidas sugeridas en el informe son que l fijación de precios máximos de las viviendas de protección oficial reflejen las condiciones del mercado inmobiliario de cada región y una mayor coordinación entre las ayudas otorgadas por las comunidades autónomas y el Estado.
(SERVIMEDIA)
21 Nov 1991
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