La principal asociación de víctimas destacó que ANV y la izquierda abertzale se han servido de las instituciones y del dinero público "para fomentar el odio hacia todo aquel que no piense como ellos".

Según la AVT, "era, además, una situación de anormalidad en un Estado de Derecho que un grupo que no condena la violencia, y que es conocido por ser el rostro político de ETA, tuviera representación en las instituciones públicas".

La asociación que preside Juan Antonio García Casquero añadió que la resolución del Supremo supone también "poner fin al escarnio público de las víctimas del terrorismo que, pese a la ilegalización de ANV en septiembre, hemos tenido que esperar 10 meses para lograr la disolución de los ayuntamientos que todavía están siendo dirigidos" por esta formación.