Esta acusación se basa en lo hechos ocurridos en mayo de 1990, cuando dos empresarios de la localidad de Oyarzun, Francisco Irazusta y Jacinto Irigoyen, recibieron sendas cartas de ETA en las que les exigía, bajo amenazas, el pago de 25 millones de pesetas en concepto de "impuesto revolucionario".

Según la AVT, ante esta situación los empresarios se pusieron en contacto con el abogado Iñaki Esnaola, quien les remitió a Iñigo Iruín, que -según la versión de la acusación- hizo de mediador entre los primeros y Felipe San Epifanio, iembro de ETA e integrante de la red de cobro del "impuesto revolucionario".

La asociación asegura que, tras fracasar el cobro de dicha cantidad por parte de la banda terrorista, se presentaron, en posteriores ocasiones, los otros dos imputados, José Carlos Apesteguía y José Manuel Idarraga, en el establecimiento comercial de los empresarios, siempre con la finalidad de reclamar la cantidad exigida.

El escrito de acusación presentado por la AVT, en el que se solicita la apertura de juicio oral, s desprende del auto emitido por el TSJPV que contempla que los hechos anteriormente expuestos pueden ser constitutivos de delito.