Pepe Rey está acusado de colaborar con el aparato financiero de la banda terrorista ETA. El periodista encargó supuestamente a la sociedad INCRESA, en noviembre de 1990, distintos informes sobre empresas a las que posteriormente se extorsionaba con el objeto de financiera a la organización etarra.

Estos informes, que se hacían llegar al entonces máximo responsable del aparato económico de ETA, Carlos Almorza Arrieta, alias 'Pedrito de Andoain', fueron intervenidos por la Policía el día uno de iciembre de 1993, en el domicilio social de ORAIN, empresa editora del diario Egin.

Se da la circunstancia de que entre los años 1990 y 1992, ETA llevó a cabo acciones terroristas contra nueve de las empresas que aparecían citadas en estos informes.

Asimismo, en la documentación incautada al etarra Carlos Almorza Arrieta cuando fue detenido en agosto de 1993, se encontraban cartas de extorsión a dos directivos de las empresas sobre las que el periodista del Egin obtenía supuestamente información. La AVT considera en su escrito de calificaciones que Pepe Rey "no colabora con banda armada alguna, sino que pertenece a ella. Los delitos que se le imputan no comienzan a realizarse con la extorsión física, o con el atentado concreto en sí, sino con la actuación del acusado, que obtiene y transmite los datos necesarios para la ejecución del delito".

Por ello, la representación legal de la AVT pide para el acusado doce años de cárcel por un delito de pertenencia a banda armada, diez años por cadadelito de estragos en grado de consumación (ocho delitos), y ocho años por el delito de estragos en grado de frustración (un delito).

Asimismo, solicita seis meses de arresto por los delitos de amenaza con precio (dos delitos). Todo ello, suma un total de 101 años de cárcel para el redactor jefe del 'Egin'.

Por último, en concepto de responsabilidad civil, la AVT pide que el procesado indemnice a las empresas que han sufrido los estragos con la cantidad que se fije en la ejecución de la sentencia Y a los dos empresarios extosionados con medio millón de pesetas a cada uno de ellos, por los daños morales propios y familiares.

En caso de que el acusado se declare insolvente, la acusación popular solicitará que ORAIN, empresa editora del Egin, indemnice a los afectados como responsable civil subsidiario.