Así lo explicaron los dirigentes de la AVT tras entrevistarse con la fiscal especial para las víctimas del terrorismo, Pilar Fernández Valcarce, quien les trasladó asimismo que pretenden estudiar no sólo la ejecución de las condenas, sino también las compensaciones económicas al Estado que los presos deberían satisfacer para sufragar las indemnizaciones adelantadas a las víctimas.

El procurador de la AVT Pedro Vila detalló que tanto la fiscalía como la asociación han empezado ya a solicitar información y documentación a Instituciones Penitenciarias y a la Audiencia Nacional para revisar exhaustivamente cada ejecución de condena, comenzando por los casos "más urgentes", los de aquellos etarras cuya excarcelación está más próxima, en función de los beneficios penitenciarios logrados.

Vila indicó que estos dos caminos van por separado, pero que en la reunión de hoy han llegado al acuerdo de que la AVT, como acción popular o acusación particular en las causas, apoyará todas las peticiones que haga la fiscalía, y viceversa.

MANIFESTACIÓN

En la misma rueda de prensa, el presidente de la AVT, Franciso José Alcaraz, hizo un llamamiento a las instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y "a toda la sociedad" para que secunden la manifestación convocada para el próximo día 22 en Madrid bajo el lema "Memoria, dignidad y justicia con las víctimas".

Esta manifestación pretende mostrar su rechazo a que etarras como José Ignacio de Juana y otros, con condenas de miles de años, puedan salir de la cárcel en los próximos meses, después de haber cumplido en torno 18 años de prisión.

La marcha estará encabezada por víctimas y familiares de víctimas del terrorismo y, por detrás de ellos, habrá una segunda cabecera con autoridades públicas, políticos y representantes de asociaciones, tras el lema "Un compromiso con las víctimas".

Alcázar destacó la importancia de todas estas iniciativas, que pretenden evitar que "presos peligrosos", que no han renunciado al terrorismo, puedan salir a la calle y volver a cometer atentados.

En este sentido, los dirigentes de la AVT reclamaron nuevas reformas del Código Penal, para reafirmar el cumplimiento íntegro de las penas o implantar un sistema de control de los ex presos etarras mediante pulseras con GPS, similares a las que se pretende experimentar con los violadores.

Alcaraz salió en defensa de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, de quienes dijo que no tienen la culpa de las posibles excarcelaciones de etarras, ya que ellos sólo aplican la ley y que son los legisladores, el Parlamento, quienes tienen que atender la "demanda" de la sociedad de que los presos por terrorismo cumplan el máximo de años posible en la cárcel.