En septiembre de 1998, el juez instructor dictó un auto por el fijó una fianza de 800 millones de pesetas para el máximo responsable de AVA, Enrique Coronado, y decretó laresponsabilidad civil subsidiaria de dicha empresa.

En una providencia dictada el pasado 18 de octubre, el juez ordena que "se proceda al embargo y depósito de los bienes propiedad" de AVA hasta cubrir la cantidad de 800 millones de pesetas, dado que se le ha requerido en diversas ocasiones que depositara la fianza exigida, "sin resultado alguno".

Por otra parte, el juez ha levantado la administración judicial que había decretado contra Transáfrica S.A., propietaria de Socimer, según informaron hy fuentes jurídicas.

La administración juicial de Transáfrica fue decretada el pasado mes de junio en un auto en el que el juez instructor advertía que esta medida tendría una duración máxima de cuatro meses.

El juez instructor del "caso AVA" ordenó la administración judicial de Transáfrica, con el fin de "garantizar las deudas" de Pescafina S.A., compañía mayorista de pescado propiedad de dicha sociedad, y evitar así que cayese en estado de quiebra técnica y liquidación.

"Esta medida está ttalmente justificada en la manifiesta imposibilidad de llevar a cabo la amplición de capital establecido en el mencionado convenio (de la mayorista de pescado), lo que necesariamente podría acarrear como consecuencia inmediata el estado de quiebra técnica y liquidación de Pescafina S.A., situación que por medio de esta medida cautelar se pretende evitar como finalidad primordial", argumentaba el juez instructor.

El juez investiga la apropiación de 16.638 millones de pesetas de inversores que confiaronsu dinero a la Agencia de Valores Aragonesa (AVA). Esta, a su vez, lo confió al banco Socimer (propiedad de Transáfrica) que utilizó el dinero para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre&Cie.

En este caso, que saltó a la luz pública en marzo de 1998, están imputados el máximo responsable de la AVA, Eugenio Salazar, así como varios miembros del consejo de administracion de esta sociedad, a la que se investiga, junto con Socimer Internacional Bank Limited yTransáfrica S.A por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad.