El magistrado rechazó los recursos contra las fianzas que fueron presentados por todos los afectados que, deberá hacer efectivas las mismas o, de lo contrario, les serán hipotecados activos hasta el importe de las fianzas.

García Castellón investiga la desaparición de 15.000 millones de pesetas pertenecientes a invesores -en su mayor parte aragoneses-, que confiaron su dinero a la sociedad AVA, quien luego lo puso en manos de Socimer.

El juez impuso una fianza conjunta de 22.200 millones de pesetas para los responsables de Transáfrica S.A. Salomón Benatar, Rafael Salama y Juan Enrique Castañeda, junto con l también responsable de KPMG Peat Marwick Miguel Angel Ibáñez, y nombró responsables civiles subsidiarios -para el pago de las fianzas- a sus respectivas empresas.

Por otro lado, fijó otra fianza de 800 millones de pesetas para el máximo responsable de AVA, Enrique Coronado, y también nombró responsable civil subsidiario a la empresa.

La fianza trata de cubrir los más de 15.000 millones de pesetas que desaparecieron de las arcas de AVA y que pertenecían a pequeños y medianos inversores. La Comisón Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió intervenir estas empresas al darse cuenta de que no podían afrontar los compromisos aceptados con los clientes y habían infringido las normas de garantías de liquidez.