García Castellón investiga la desaparición e 16.638 millones de pesetas de inversores que pusieron su dinero en manos de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA). Esta, a su vez, lo confió al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que utilizó el dinero para comprar un banco argentino -en quiebra técnica-, que arrastró a AVA.

Rafael Salama, máximo responsable de la empresa Transáfrica, abonó los 60 millones de fianza, mientras que Coronado -responsable directo de AVA- hizo efectivos los 25 millones que le habían sido solicitados, si quería evita la cárcel.

Respecto a los otros dos procesados por esta causa que tienen pendiente depositar fianzas para evitar la prisión, Salomón Benatar y Enrique Castañeda, ambos han presentado en el juzgado de la Audiencia Nacional avales hipotecarios sobre parcelas de su propiedad.

El juez está a la espera de que los peritos verifiquen los avales para poder realizar el mismo trámite que hoy realizó con los dos anteriores, o bien dictar su ingreso en prisión.

Respecto a las responsabilidades civiles,que García Castellón fijó en 22.200 millones de pesetas para todos los imputados, el juez ha rechazado los recursos presentados contra ellas por Salomón Benatar, Rafael Salama y Enrique Castañeda. El juzgado procederá al embargo de sus empresas, que han sido declaradas responsables civiles subsidiarias.

Hasta la fecha, el juez ha estimado un primer recurso del otro imputado, Enrique Coronado, contra las responsabilidad civil de 800 millones de pesetas fijada para él, si bien queda un segundo recurso sbre el mismo extremo aún por resolver.