García-Castellón ha tomado esta decisión a petición del fiscal, quien había solicitado actuaciones contra Miguel Angel Ibáñez, responsable de KPMG Peat Marwick, y contra esta empresa como responsable civil subsidiaria, a la vista del informe del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas (ICAC), hecho público el año pasado.

Dicho informe versaba sobre la auditoría del ejercicio 1996 que realizó KPMG Peat Marwick al GrupoTransáfrica. Concluía que en las cuentas de Transáfrica no se consolidó la compra del Banco Medefín (que originó la crisis de AVA), lo que produjo unos efectos negativos que no se reflejaron en las cuentas anuales.

Las acciones contra Ibáñez y KPMG Peat Marwick habían sido solicitadas también por la acción popular del "caso AVA", ejercida por el abogado Fernando Pozo, en representación de la Asociación para la Defensa de Impositores de Bancos y Cajas de Ahorro de España (ADIBCAE).

Con esta decisin contra Ibáñez y KPMG Peat Marwick, el juez García-Castellón confirma el auto dictado en septiembre de 1998 y por el que fijó unas fianzas de 22.200 millones de pesetas, en concepto de responsabilidad civil, para los principales cargos de la empresa Transáfrica S.A. (propietaria de Socimer), de la auditora KPMG Peat Marwick y de la sociedad de valores AVA, según informaron fuentes jurídicas.

En su auto, García-Castellón impuso una fianza solidaria de 22.200 millones de pesetas para los responsables d Transáfrica S.A. Salomón Benatar, Rafael Salama y Juan Enrique Castañeda; junto con el también responsable de KPMG Peat Marwick Miguel Angel Ibáñez, y nombró responsables civiles subsidiarios a sus respectivas empresas.

Sin embargo, la responsabilidad civil de Ibáñez quedó en suspenso hasta ver el informe del ICAC sobre la auditoría del ejercicio 1996 que realizó KPMG Peat Marwick al Grupo Transáfrica.

Por otro lado, en el auto de septiembre de 1998, García-Castellón fijó otra fianza de 800 millnes de pesetas para el máximo responsable de AVA, Enrique Coronado, y también nombra responsable civil subsidiaria a la empresa.

La fianza trata de cubrir los más de 15.000 millones de pesetas que desaparecieron de las arcas de AVA y que pertenecían a pequeños y medianos inversores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió intervenir estas empresas al darse cuenta de que no podían afrontar los compromisos aceptados con los clientes y que habían infringido las normas de garantías de lquidez.

El juez investiga la apropiación de 16.638 millones de pesetas de inversores que confiaron su dinero a la Agencia de Valores Aragonesa (AVA). Esta, a su vez, lo confió al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que utilizó el dinero para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre&Cie.