Camacho Barrachín, que declaró como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del "caso AVA", aseguró, según las mismas fuentes, que si la CNMV, que "siempre estaba encima de AVA", hubiera supervisado ejor la agencia, ésta no habría acabado ante los tribunales.

En este sentido, agregó que él, como consejero, estaba "absolutamente tranquilo" por creer que todo el trabajo de AVA se realizaba conforme a la ley, sobre todo porque cada detalle que detectaba la CNMV se corregía.

Además, recordó que la secretaria del Consejo de Administración, María Gracia Rubio de Casas, provenía de la CNMV y que ella no detectó nada extraño, lo cual también le daba "cierta tranquilidad", según las mismas fuentes. Camacho Barrachín aseguró también ante el juez que desconocía expresamente cómo funcionaban las cuentas de AVA y cómo se realizaban las operaciones en la agencia, dado que de eso se encarga el máximo responsable de la AVA, Enrique Coronado.

De esta manera, aunque de una forma más suave, Camacho cargó las responsabilidades sobre Coronado, al igual que los otros consejeros de AVA que ya declararon ante el juez.

En su comparecencia ante García-Castellón, los otros consejeros aseguraron que el Conejo de Administración de la agencia era "meramente formal", no tenía ninguna capacidad decisoria y sus miembros desconocían la gestión de Coronado, pese a que tenía la obligación de vigilar la labor de éste.

Por su parte, fuentes de la acusación señalaron que pedirán al juez que cite a declarar de nuevo como imputado a Enrique Coronado.

En este caso, el juez investiga la supuesta apropiación de 16.638 millones de pesetas de inversores que confiaron su dinero AVA, a través de operaciones en las qu están implicados el banco Socimer y la sociedad Transáfrica, entre otras.

En concreto, AVA confió el dinero de los inversores al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que lo utilizó para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre & Cie.