AVA. LA ACCION POPULAR CREE QUE LA NUEVA LEC NO AFECTARA A LAS INTERVENCIONES JUDICIALES DEL "CASO AVA"
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La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que entrará en vigor el 8 de enero de 2001, no incidirá en las intervencioes judiciales decretadas en relación con el "caso AVA", según explicaron a Servimedia fuentes de la acción popular de esta causa, ejercida por la Asociación para la Defensa de Impositores de Bancos y Cajas de Ahorro de España (ADIBCAE).
El pasado 24 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional solicitó a las acusaciones y a las defensas del "caso AVA" que le dieran su opinión sobre las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva LEC en las intervenciones judiciales acordadas.
Según expilcaro a Servimedia fuentes de la acción popular, las leyes no tienen carácter retroactivo, salvo que dispongan la contrario, según establece el artículo 2 del Código Civil y ampara el 9.3 de La Constitución.
"En este caso, la adopción de dichas medidas cautelares -administración judicial de determinadas empresas- fue muy anterior a que se publicara siquiera la nueva Ley e Enjuiciamiento Civil", dijeron.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre e 1999 en sustitución de la de 1981, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de enero.
Las mismas fuentes explicaron que la disposición transitoria séptima de la nueva LEC establece que "Las medidas cautelares ya adoptadas antes de entrar en vigor esta ley se regirán por las disposiciones de la legislación anterior, pero se podrá pedir y obtener su revisión y modificación con arreglo a la presente ley".
"Es decir, que salvo que algunas de las partes lo solicite y, en ese caso, ue el juez considere necesario modificar las intervenciones judiciales acordadas, éstas se mantienen sin más", dijeron.
Según la acción popular, en el "caso AVA" no han variado las circunstancias que en su día llevaron al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a decretar determinadas intervenciones judiciales, medidas que se adoptaron con el fin de asegurar el patrimonio para los perjudicados, unos 6.000 accionistas.
El juez investiga la presunta apropiación de 16.638 milones de pesetas de inversores que confiaron su dinero a la Agencia de Valores Aragonesa (AVA). Esta, a su vez, supuestamente lo confió al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que utilizó el dinero para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre&Cie.
(SERVIMEDIA)
09 Nov 2000
VBR