En su misiva, Fenadismer deja ya constancia de su "total rechazo" a una medida así, y añaden que la excusa no puede ser la financiación de las infraestructuras sobre las que se fija elpeaje porque ya han sido costeadas con cargo a los anteriores presupuestos y a través de "los innumerables impuestos que soportan, entre otros, los transportistas".

La Federación se cuestiona la eficacia de éste y los anteriores Gobiernos al interrogarse sobre el destino de la recuadación que aportan en buena medida los transportistasa através del impuesto sobre el gasóleo, de cuyo precio medio, unas 90 pesetas, 60 son impuestos.

La organización hace hincapié en la necesidad de ajuste que tiene panteada el sector, cuyos precios han caído un 20% respecto a 1992, por lo que dificílmente podrán repercutir el nuevo tributo sobre la tarifa facturada a los clientes.

RECORDATORIO ELECTORAL

Según Fenadismer, un peaje o tasa sobre las autovías "sería contraria a la necesaria reestructuración y modernización del sector del transporte por carreteras, que recogía el Partido Popular en su programa para las elecciones de 1996".

Asímismo, los transportistas recuerdan al PP su propio programa cuando airmaba que el sector requiere reducir sus costes y hacer más competitivas a las empresas ante la liberalización plena del sector en 1998, y advierten que los peajes serían contrario a dicho criterio.

Para los transportistas, el planteamiento hecho público por Rato podría ser discriminatorio, ya que mientras que los transportistas utilizan la carretera como medio de trabajo el resto de sus usuarios son ocasionales y por motivos ajenos a su actividad principal.

DEFENSA LEGAL

Igualmente, esta asocación dice haber dado instrucciones a sus asesores jurídicos para que recogan argumentos legales suficientes para apoyar la posible inconstitucionalidad de la medida, ya que se estaría imponiendo una tasa a una vía pública para la que no existe otra alternativa en muchos puntos del país.

Además, advierte al Gobierno sobre la posible improvisación de trazados alternativos a las actuales autovías, para poder aplicar la tasa en estas últimas, ya que dichos recorridos no reunen en muchos casos las suficietes garantías de seguridad y movilidad que requiere el país, y podrían afectar a núcleos de población.

Los transportistas esgrimen igualmente el derecho comunitario, y recuerdan que existe una directiva comunitaria de octubre de 1993 en la que se prohíbe a los Estados miembros de la UE fijar simultáneamente peajes y derechos percibidos por la utilización de los mismos tramos de carretera.

Ello plantearía, según Fenadismer, problemas derivados de los actuales peajes existentes en algunas de las auopistas de la red nacional, al no ser posible establecer la referida tasa y a la vez mantener los actuales peajes existentes.