Durante el verano se han barajado distintas hipótesis que estarían siendo estudiadas por el Gobierno para reducir los gastos y aumentar los ingresos, objeto de sucesivas plémicas y de acusaciones por parte de los partidos de querer practicar una estrategia de "globos sonda" para ver la reacción de los distintos grupos sociales y la opinión pública.

Hasta ahora, el Gobierno no ha querido responder de forma clara a estas filtraciones, lo que ha ocurrido tambien en esta ocasión. "Hasta el 28 de septiembre no habrá nada cerrado", ha señalado un portavoz del Ministerio de Economía a Servimedia.

En esta fecha, el Gobierno deberá cuadrar definitivamente los Presupuestosdecidir las medidas que quiere poner en marcha, puesto que el 30 de septiembre es la fecha límite de que dispone para presentar en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.

CiU ha mediado hoy sobre la polémica de las medidas que comportarían tasas o cobro de algun servicio al señalar, a través de su portavoz en el Congreso, Joaquín Molins, quien declaró a Onda Cero que "si se exige del usuario de la sanidad un esfuerzo, lo lógico es que revierta e un mejor servicio para ese usuario, no para hacer autovías".

Precisamente, los nacionalistas catalanes están detrás de la polémica sobre el cobro de tasas por el uso de las autovías, o de algunos servicios sanitarios, puesto que vienen presionando al Gobierno para que reduzca el precio de las tarifas de las autopistas privadas, numerosas en Cataluña, mediante una reducción de impuestos, decisión que como contrapartida podría llevar aparejado el cobro de un "peaje" por las autovías.

En el área saitaria, CiU viene exigiendo del Gobierno la transferencia de una cantidad próxima a los 30.000 millones de pesetas para paliar la carga financiera que soporta el sistema sanitario autonómico catalán, que en los últimos años ha generado un fuerte déficit.

Por su parte, Izquierda Unida ha señalado a través de un comunicado que "el cobro de una cantidad simbólica" o la implantación de tasas por servicios sanitarios supone "la demolición de facto de la Ponencia Parlamentaria constituida en junio para estuiar las posibles reformas de los servicios sanitarios".

Angeles Maestro, portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de la coalición que lidera Julio Anguita, advierte que, de llevarse a cabo esta fórmula, podría llegar a retirarse de dicha ponencia, por considerar que se habría roto el consenso.