La elevación responde a los criterios establecidos en el decreto de revisión de tarifas aprobado en 1990, que establece que anualmente se procederá a su revisión por una cuantía equivalente al 95 por iento del IPC del año anterior.

Las autopistas de titularidad pública, cuyos niveles de tráfico se han incrementado considerablemente en los últimos años, no revisarán sus tarifas, algunas de las cuales son las más bajas del sector.