Advierte, en un artículo publicado en el boletín especializado "Hacienda y Sociedad", al que tuvo acceso Servimedia, que "resulta paradójico que un Gobierno que mantiene entre sus objetivos presupuestaios la reducción del componente estructural del déficit establezca un acuerdo con las comunidades autónomas que supone una reducción estructural de los recursos del Estado que, lógicamente, va a impedir alcanzar dicho objetivo".

El antiguo responsable de Hacienda asegura que el nuevo mecanismo "coincide con el contenido de los acuerdos políticos alcanzados entre el PP y CiU", y que su propósito fundamental es "introducir un mayor grado de corresponsabilidad fiscal de las comunidades, forzando para ell el mecanismo jurídico de la cesión de tributos".

Martínez Robles vaticina un período de "incertidumbres y dificultades" que sólo podrá concluir con "el restablecimiento del necesario consenso político que debe respaldar elementos tan importantes".

Entre los problemas que augura, derivados de la "incoherencia e insuficiencia" de las reformas, destaca que el nuevo sistema "no contiene ningún elemento que garantice que el modelo sea neutral en su aplicación", puesto que desaparecen los límites que mpedían que la financiación autonómica creciera por encima de los recursos a disposición del Estado.

El antiguo responsable de Hacienda señala que, básicamente, buena parte de los recursos que reciben las autonomías se traspasan de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a la participación en el IRPF.

"El IRPF, al ser un impuesto progresivo, tiene un crecimiento interanual superior al crecimiento de los ingresos totales del Estado", asegura, por lo que el nuevo sistema "va a proporciona globalmente a las autonomías más recursos que el modelo vigente".

Enrique Martínez Robles critica que "no se ha dotado al sistema de elementos correctores de los desequilibrios debidos a las diferentes capacidades impositivas" de las distintas comunidades, y que además se abre la posibilidad de que los contribuyentes de autonomías diferentes contribuyan de forma desigual al sostenimiento de los servicios prestados.

Su conclusión es que se produce "un evidente retroceso en relación al criterio desolidaridad interterritorial". A su juicio, este hecho no se verá paliado por la inclusión en el modelo del fondo de garantía, "ya que ni su finalidad es la de resolver los problemas aquí considerados ni por su configuración parece que vaya a ser mínimamente eficaz".