En un primer balance a 31 de diciembre del 92 (el definitivo podrá hacerse en la primavera, cuando se vea si las comunidades han recurrido alguna ley aprobada a finales del pasado año), el Tribunal Constitucional tiene en estos momentos 263 asuntos pendientes de resolver por litigios entre utonomías y Estado.

Esta cifra representa un considerable descenso en comparación con la de un año antes (341 temas pendientes) y aún más con la correspondiente al 31 de diciembre de 1989 (420).

El año 1992 ha seguido la trayectoria de reducción de la conflictividad autonómica iniciada años atrás, con un total de 14 impugnaciones de todas las normas aprobadas en ese año, aunque la cifra definitiva alcanzará probablemente las 20 ó 25, según Peña. En 1991 fueron 18 asuntos los recurridos y en el 90 un total de 32.

Además, en el 92 se mantuvieron los desistimientos por ambas partes (31 efectuados de común acuerdo) en el nivel del 91, cuando se produjeron 33.

En cuanto a la actividad del Tribunal Constitucional, en 1992 resolvió 61 asuntos, 3 más que el año anterior. En definitiva, el menor número de recursos, los desistimientos y la agilización de la tarea del Constitucional han logrado disminuir las cifras de asuntos pendientes.

CUESTIONES PENDIENTES

Sin embargo, todavía queda por rsolver en el Alto Tribunal un importante paquete de cuestiones de los años 87 (58 asuntos pendientes), 88 (58) y 89 (48); el "único problema pendiente" actual, según el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.

Peña se mostró muy satisfecho del desarrollo del Estado de las autonomías, del que dijo que no hay ningún problema que no cuente con instrumentos para su solución. Tan sólo indicó dos cuestiones de mayor calado: la financición autonómica y el traspaso de competencias de las omunidades a los ayuntamientos.

Por autonomías, destacó la especial conflictividad con Cataluña, donde el Estado ha impugando 37 leyes de las 245 aprobadas desde la aprobación de su "Estatut de Autonomía", y de las cuales 9 se encuentran pendientes de sentencia.

El País Vasco, con 151 leyes aprobadas, ha visto 21 recursos por parte de la Administración central y hay en estos momentos 7 por resolver. A continuación, están Galicia (11 recursos y 4 pendientes de sentencia), la Comunidad Valenciana ( y 5) y Canarias (10 y 5).

En cuanto a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional durante el 92, Peña destacó una que reconoce a las autonomías poder gestionar y pagar subvenciones en materias que les competan.

En esa misma línea va otra sentencia sobre las ayudas comunitarias del fondo Feoga-Garantía, aunque el problema que se plantea es cómo va a responder luego el Estado ante Bruselas si quien las gestiona son las comunidades autónomas.