En declaraciones a Servimedia, Arnaldo se refirió así a una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la legislación vigente en el sentido de que las multas impuestas por los guardias que vigilan estas zonas no tienen "presunción de veracidad", lo que significa que no basta su palabra para sancionar, como en el caso de los agentes de los cuerpos de seguridad.

Arnaldo matizó que, en el caso de que el denunciado no recurra l denuncia, el Ayuntamiento sí puede imponer la multa. No obstante, cuando el ciudadano niega la infracción, "no basta sólo con la palabra del vigilante contra la del denunciado", sino que es necesario facilitar otras pruebas para que se haga efectiva la sanción.

El portavoz de Automivilistas Europeos insistió en que las denuncias de los vigilantes de las zonas de aparcamiento restringido tienen el mismo valor que las de cualquier ciudadano particular, por lo que sólo son válidas cuando el conductor noniega haber cometido la infracción o, en el caso de que si lo haga, se faciliten pruebas que verifiquen la versión del vigilante.