Según un comunicado de la AEA, "una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao (TEAB) ha dado la razón a esta organización frente a la actuación del Ayuntamiento de Bilbao, y ha anulado el cobro ejecutivo de diversas multas de tráfico que habían sido oportunamente recurridas y sobre las que el consistorio nunca quiso pronunciarse expresamente".

AEA solicitará esta semana al alcalde de Bilbao la revisión de oficio y la cancelación de cerca de 200.000 expedientes sancionadores, por un importe aproximado de 18 millones de euros, que, según la AEA, "pretenden cobrarse ejecutivamente sin que se haya respetado el derecho de los automovilistas a recibir contestación expresa a los recursos planteados en su defensa".

La resolución del Tribunal Económico Administrativo de Bilbao (TEAB), presidido por Pilar Robles Canive, advierte de que "la existencia de un recurso de reposición interpuesto contra la sanción, y no resuelto expresamente, impide que se tenga por firme la sanción y, en consecuencia, no posibilita el inicio de la vía ejecutiva para su cobro".

Teniendo en cuenta este razonamiento jurídico, el TEAB ordena la anulación de una deuda de 345 euros que, en concepto de multas de tráfico, el Ayuntamiento pretendía cobrar a un automovilista bilbaíno, sin haber resuelto previamente los recursos planteados en su descargo.

Este caso particular es el que AEA va a utilizar como precedente jurídico para que sean revisados y cancelados todos los expedientes de multas de tráfico en los que se dé la misma situación de falta de contestación a los recursos planteados por los ciudadanos.

Según ha explicado el presidente de AEA, Mario Arnaldo, "desde hace años la falta de contestación expresa a los recursos planteados por los ciudadanos en defensa de sus intereses ha constituido una práctica habitual en el Ayuntamiento de Bilbao. Y a pesar de no ser correcta esta actuación municipal, se ha seguido el procedimiento de cobro de las multas de trafico mediante la ejecución forzosa de apremio, e incluso se ha llegado hasta el embargo de bienes".

"Por eso valoramos muy positivamente la resolución del TEAB que hemos conseguido, en el sentido de que a partir de ahora no se podrá cobrar ninguna multa si previamente el Ayuntamiento no contesta expresamente los recursos planteados por los ciudadanos", matizó Arnaldo.

Según estimaciones de AEA, en esta irregular situación podrían encontrarse en la actualidad más de 200.000 expedientes sancionadores, próximos al embargo de bienes, por un importe aproximado de 18 millones de euros, y que, a juicio de esta organización defensora de los derechos de los automovilistas, deberían cancelarse de inmediato.