Mediante dicha reforma se pretende castigar con pena de cárcel a los conductores que superen la tasa de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, a quienes superen en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías urbanas, y en 70 por vías interurbanas o circulen sin carnet, o con el carnet suspendido o retirado.

Arnaldo llegó a estas conclusiones a partir de un estudio realizado por su asociación, que parte de las 2.568.428 denuncias en las carreteras españolas (sin contar el Pais Vasco y Cataluña), que la DGT formuló en el año 2004. De ellas, un 25% eran por excesos de velocidad, un 3% por alcoholemias y un 8% por infracciones relativas al permiso de conducir.

Del total de conductores que se excedieron en los límites de velocidad, el 1,2% superaba el limite de 70 km/h propuesto ahora por Justicia como merecedor de una pena de cárcel. Es decir, que por esta infracción entrarían en prisión 7.705 personas.

Respecto de los conductores que pudieron superar en 1,2 gramos la tasa de alcohol, AEA estima que en esta situación se encontraban uno de cada cuatro conductores o, lo que es lo mismo, 19.263 personas. Por su parte, el tercer grupo de infractores comprendería 59.850 conductores, que representan el 29,1% del total de denuncias referidas al permiso de conducir.

Sumando los tres grupos de infractores anteriores, según Arnaldo, "nos encontraríamos con un total de 86.818 personas que, según la propuesta de Justicia, cada año tendrían que entrar en prisión". "La reforma del Código Penal es una muestra del fracaso de la política de Seguridad Vial del Gobierno", sentenció.

Además, según el dirigente de AEA, esta cifra es muy superior a la actual población reclusa que, a fecha del pasado 9 de junio, era de 63.274 personas, entre preventivos y penados. Por ello, "supondría duplicar la actual dotación presupuestaria destinada a la creación de nuevos centros penitenciarios".