López declaró a la Cadena Ser que la competencia del cierre de las sedes y locales ligados a la formación vasca se le ha asignado en este caso a la Policía autónoma vasca y está actuando exactamente igual que actuaría la Policía Nacional en el resto de comunidades autónomas del país.

"La sincronia del proceso penal con el que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputdos", subrayó el portavoz del CGPJ, no obedece a un "concierto de voluntades", sino a una valoración desde dos puntos de vista, la del Parlamento y la del juez, y por lo tanto no puede decirse que exista una relación de alternatividad de ambas vías.

En cuanto a la aplicación de las medidas decretadas por el magistrado de la Audiencia Nacional, López admitió que "no cabe duda de que los aspectos son complejos porque afectan a un gran número de locales y sedes, pero no son dudas jurídicas, sino de actuaión".

El portavoz del Poder Judicial afirmó que una vez que el juez decide y examina la relevancia jurídica de suspender la actividad de un partido político, "la eficacia no es diferente a la que sería para cualquier otra organización".