“Existe el Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo” pero “está dedicado a la generación de conocimiento y a la investigación”, dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

Según estimó, “en España hay 310 centros específicos que prestan asistencia a personas con autismo, con 5.200 profesionales”. “Todos tienen como titulares a entidades del sector asociativo”, prosiguió, esto es, a “las propias familias”.

Por ello, pidió una reflexión “sobre la responsabilidad y el esfuerzo enormes” que ello supone, y criticó los retrasos en el pago de las subvenciones y la insuficiencia de la financiación.

García Lorente estimó que en estos servicios, se presta atención directa a unas 150.000 personas con TEA. “Si calculamos que en España hay 470.000 personas” con esta condición, el resto “deben estar en servicios públicos no específicos o bien no reciben asistencia”.

DEMANDAS

En esta línea, exigió más inversión para mejorar la detección precoz del autismo, garantizar una atención temprana de calidad e igual en todas las comunidades autónomas, asegurar los apoyos individualizados que estos alumnos precisan en la etapa educativa, impulsar su inclusión y permanencia en el empleo, garantizar su acceso a las prestaciones que recoge la Ley de Dependencia, avanzar en la investigación y en la generación de conocimiento, y procurar una atención adecuada durante la vejez.

A su juicio, “no podemos hablar de inclusión educativa si no hay inversión”. “Si no garantizamos los apoyos adecuados y una formación de calidad al profesorado, solo estaremos generando más acoso escolar y más abandono”, vaticinó. Destacó que “de los pocos docentes que afirman tener alguna formación para atender a alumnos con TEA, el 70% tuvo que pagársela de su bolsillo”.

También lamentó el alto índice de paro entre el colectivo (cercano al 90%) y, aunque alabó el avance que la Ley de Empleo supuso al reconocer la ‘especial vulnerabilidad’ del colectivo, reclamó “cumplir con su artículo 30.1 y proporcionar formación especializada a los profesionales del sistema”, a fin de que sepan atender las necesidades específicas de estas personas.

Por su parte, la directora técnica de Autismo España, Ruth Vidriales, lamentó que en España solo 65 personas con autismo disponen de un asistente personal, “cuando sabemos que es la figura, de las previstas en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que más útil resulta para garantizar el acceso a la educación, al empleo y a la vida independiente de estas personas”.

Vidriales llamó la atención sobre “cómo las mujeres y los adultos mayores están infradiagnosticados” dentro del autismo. De las 116.000 personas acreditadas, el 78% son varones y el 90% tienen menos de 31 años. “Si atendemos a las estadísticas oficiales, no hay mujeres ni adultos entre la población autista en España”. “Como sabemos que no es así, obviamente hay problemas de diagnóstico y detección”, zanjó.

FINANCIACIÓN

En respuesta a los diputados de PSOE y PP, Jesús García Lorente habló del Plan de Acción de la estrategia Nacional de Autismo, que “aprobamos como pudimos" en el Consejo Nacional de Discapacidad antes de que terminase la legislatura anterior. “Sabemos del esfuerzo del Gobierno para dotarlo de fondos”, y destacó que requiere “la coordinación entre varios ministerios", como Derechos Sociales, Empleo, Educación, Sanidad y Hacienda.

En cuanto a las subvenciones a cargo del 0,7% del IRPF para entidades sociales sin fines de lucro, apuntó que su traspaso a las autonomías implicó que “en algunas se esté pagando con nueve meses de retraso”. “Hay asociaciones que incluso ejecutan proyectos sin tener confirmación”, prosiguió, “con el convencimiento de que mantendrán las ayudas y un día les pagarán”. “Como es lógico, esta incertidumbre puede llevar a la quiebra a entidades pequeñas”, subrayó.

También lamentó que Autismo España “no ha podido beneficiarse de los fondos de recuperación europeos con la potencialidad que cabría esperar”. “Sí pusimos en marcha algunos programas” pero “no pudimos optar a muchas convocatorias por lo ajustado del tiempo con que salieron”, explicó. Además, “el gran volumen de algunos de estos proyectos europeos hacía imposible que las entidades sociales, incluso aquellas de tamaño medio o grande, pudiésemos concurrir”.

Con todo, García Lorente aseguró comprender “la situación caótica que se vivía” entonces y confió en la llegada de nuevos fondos procedentes de la UE, porque “sin duda suponen una oportunidad única”.