Según Ausbanc, estas compañías incurren en una falta de información fundamental para los fumadores, ya que "ocultan a los consumidores una indicación básica en todo producto reglado: la procedencia del cultivo, de qué campaña o qué año es dicho cultivo, cuándo se manipula y convierte en cigarrillo, fechas de consumo preferente y en su caso, caducidad".

En concreto, las compañías tabaqueras denunciadas por conductas colusiorias (acuerdos que produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia) contrarias a las leyes de competencia y perjudiciales para los intereses de los consumidores son: Altadis, Philip Morris Spain, RJ Reynolds Global Products España y British American Tobacco España.

La denuncia se basa en la existencia de un acuerdo o práctica conscientemente paralela entre las compañías dedicadas a la actividad de elaboración, envasado y comercialización de las labores del tabaco en el ámbito territorial español, consistente en la total omisión concertada de la información determinante de la calidad del producto y del valor del mismo.

Las compañías "han alcanzado este pacto contrario a la normativa sobre competencia, por el cual como ha sido descrito se omite una información que sería esencial tanto para la normal competencia entre empresas como para el consumidor".

Si la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) estima oportuna la petición de Ausbanc, supondría que las multas podrían alcanzar el 10% del volumen total de negocios de las empresas denunciadas, tal y como recoge la citada Ley de Defensa de la Competencia.

En el caso de Altadis, la sanción que solicita Ausbanc Consumo asciende a 69,8 millones de euros; para Philip Morris se solicita una multa de 60,9 millones de euros; para British American Tobacco se solicita una multa de 11,6 millones euros y para Reynolds Global Products no se especifica la cantidad a la que debería ascender la sanción, puesto que sus datos económicos no están disponibles en el Registro Mercantil.

Según Ausbanc, en total, "podríamos estar ante una sanción de unos 150 millones de euros".