Llamazares explicó, en una rueda de prensa, que bajo el lema de precampaña "Pedimos la palabra", IU se planteará como obetivo reclamar la alternativa para quienes tomaron parte de la "conquista de la libertad, la democracia y la Constitución", y que representan "a buena parte de los ciudadanos críticos".

"En tiempos en los que prima sobre todo la descalificación, la voz y a veces el ladrido, sobre el diálogo", agregó Llamazares, es la oportunidad de "convertir la contestación social" durante 2003 y el último "cuatrienio negro" del PP en mayoría política.

El primer eje pasa por reformar el Estatuto de los Trabajadoes, de modo que el empleo pase a ser "trabajo de calidad", frente a la "plena precariedad" fomentada por el PP, y por "refundar la fiscalidad" para recuperar la progresividad, que fue un "invento de la democracia" y que se ha perdido con el PP, para lo que plantea incrementar cada año un punto la presión fiscal a las rentas más altas.

Además, aboga por aumentar al gasto social un uno por ciento "año a año" hasta equipararlo a la media comunitaria, hasta llegar a un 44 por ciento de gasto público en lapróxima legislatura. De este modo, se podría construir el "pilar que queda pendiente en el Estado de bienestar", que es la política de servicios sociales.

En cuanto al contrato ecológico, recalcó que deben cumplirse los compromisos de Kyoto, ante la ausencia de política medioambiental del PP, con la que, en lugar de reducirse, se han incrementado un 40 por ciento las emisiones que provocan el efecto invernadero.

El segundo eje, la propuesta de paz, agregó Llamazares, se basa en que el Gobierno atenda al Derecho internacional en cualquier decisión que suponga un compromiso bélico, y siga los procedimientos establecidos en la Constitución: que sea votada en el Parlamento y rubricada por el jefe del Estado.

Reiteró que España no puede volver a participar en "guerras ilegales", acordadas "a espaldas del Congreso de los Diputados y de los ciudadanos", como en el caso de la de Iraq.

Finalmente, se refirió a su modelo de Estado federal, en el que la participación "no debe quedarse en las comuniades autónomas, ni siquiera en los municipios, sino que debe permitir participar a los ciudadanos".