La Fiscalía, que no recoge cifras concretas, recuerda que la Ley Orgánica 11/2003 contempla la expulsión del extranjero a su país de origen como figura sustitutiva al cumplimiento de la condena en España para aquellos delitos que son castigados con privación de libertad inferior a seis años.

No obstante, advierte que la expulsión sustitutiva "presenta numerosas aristas y problemas interpretativos y se torna más difícil en su aplicación cuando se trata de juicios rápidos".

La memoria también recuerda que muchos expedientes de expulsión no pueden ejecutarse, debido a que España no cuenta con relaciones diplomáticas con los países de los que proceden los extranjeros.

Por otro lado, la Fiscalía reclama la puesta en marcha de una manera eficaz un Registro Central de Menores Extranjeros en situación de desamparo, "como mencanismo básico para introducir racionalidad en la actuación protectora d elas instituciones pújblicas".