Según dicho estudio, un total de 60 autoridades estatales y locales han aprobado medidas obligatorias o voluntarias para que las nuevas viviendas cumplan al menos tres requisitos básicos de accesibilidad: no tener escalones a la entrada; que uno de los cuartos de baño se encuentre en la planta baja y que el ancho de sus puertas permita el paso de sillas de ruedas y andadores.

En el estado de Arizona, las localidades de San Antonio, Tucson, y el condado de Pima, exigen a los constructores estos requisitos, mientras que la ciudad de Austin (Texas) ofrece incentivos a los que los cumplan. Por su parte, los estados de Georgia y Maryland están estudiando aprobar una normativa similar.

En Chicago (Illinois) una legislación de 2003 hace obligatorios los tres requisitos de accesibilidad antes mencionados, y también la colocación de los interruptores de la luz y tomas de corriente a una altura adecuada para usuarios de sillas de ruedas, así como el refuerzo de las paredes de los cuartos de baño para que puedan instalarse asideros en las bañeras y duchas.

Según Jordana Maisel, autora del informe de AARP y directora del Centro par el Diseño Inclusivo de la Universidad de Búfalo, el incremento en el coste de la construcción que conlleva la adopción de estas medidas puede oscilar entre 140 y 700 euros, "lo que resulta mucho más barato que una posterior adaptación de la vivienda o tener que irse a vivir a una residencia".