Por este acuerdo, la Administración encarga a la empresa que siga explotando estas vías, cuyo contrato finalizaba inicialmente en el 2006, hasta el límite máximo de 50 años permitido por la ley, a cambio de reducciones en los precios para vehículos pesados y turismos que utilicen periódicamente estas autopistas.

Así, en el caso de la Tarragona-Valencia y la Valencia-Alicante, las tarifas para vehículos pesados se reducen u 30% y en la Sevilla-Cádiz un 40%. Para los automóviles que viajen al menos dos veces por semana se plantean reducciones del 10% en el primer caso y del 15% en el segundo.

Con esta prórroga, que debe todavía ser ratificada por el Consejo de Ministros para tener validez, el MOPTMA pretende trasvasar a estas autopistas camiones y otros vehículos lentos que dificultan la circulación por las carreteras nacionales, tal y como ya ha realizado con otras empresas concesionarias.

Aumar, participada al 26%por Dragados, a su vez filial del BCH, mantiene intactas las condiciones de concesión, entre ellas la tasa de rentabilidad. Además, consigue que el periodo de amortización de los créditos solicitados para la construcción de las autopistas se prolongue también hasta el 2026.