"A mí no me produce ningún escándalo porque no me lo puede producir, pues está prohibido que me lo produzca", señaló. "En la medida en que las personas a las que incumbe la aplicación de este reglamento, que no es estar en libertad, sino un modo de cumplimiento, lo estiman pertinente, escámdalo no me produce ninguno".

Añadió que "ni siquiera puedo pasar a la sorpresa", puesto que "para ello tendría que saber, y no lo sé, si en supuestos anáogos, semejantes o casi iguales se ha producido la entrada en el cumplimiento del grado tercero con un período de tiempo parecido".

Por otra parte, respecto a la posibilidad de una actuación de la Audiencia Nacional para investigar la supuesta entrega por parte de Mario Conde de 300 millones de pesetas a Adolfo Suárez como fondos para el CDS, Auger indicó que "esa posibilidad existe en función del resto de pruebas que se practiquen durante ese juicio. Podría establecerse la necesidad de deducir un tesimonio, si no se ha perseguido esa conducta".

Sin embargo, apuntó, "es una posibilidad lejana, porque lo que se ha producido, más que una acusación, es una defensa por parte de una persona acusada -Mario Conde- para la conducta que se le imputa".

En relación con el "caso Otegui", en que un jurado popular absolvió a un ciudadano acusado de matar a dos ertzainas, dijo que "la Audiencia Nacional no entendió este caso, por no haber sido calificado de terrorismo en San Sebastián, haber sido considerad un hecho aislado y no estar probada la vinculación de Otegi con la banda armada Eta".

Auger se pronunció también acerca del debate sobre la eutanasia suscitado a raíz de la muerte de Ramón Sampedro, y subrayó que sobre este asunto "es más fácil tener actitudes que ideas". "Aunque elegir la propia muerte puede tener un reproche desde determinadas religiones", matizó, "no puede faltar el respeto de los demás ante esa elección".

"La carga ética que tiene, no la persona que desea morir y lo consigue sino la que tiene la persona que coopera, decide o interviene o ejecuta esa muerte", añadió, "es muy seria para que seamos capaces de despacharla con una simple reglamentación".

Respecto a la investigación por parte de los jueces españoles Manuel García Castellón y Baltasar Garzón de los crímenes cometidos durante las dictaduras militares de Chile y Argentina, Auger afirmó que "el núcleo del problema radica en un 'a priori': que nadie pueda creer que el principio de aplicación del derecho penal se liita al territorio donde ha ocurrido el delito".

"Hay determinadas conductas donde existe el principio de la jurisdicción universal y se pueden perseguir en cualquier parte, si no lo han sido donde procedía territorialmente", explicó. "Si se concluye que se trata de genocidio o terrorismo, la jurisdicción española tiene que actuar", lo que no quiere decir "que tenga que llegar a condenas", concluyó.