A juicio de Auger, de llevarse a cabo esta medida, "se produciría el beneficioso efecto del conocimiento por las tres secciones de la Sala de lo Penal de los asuntos que hoy tramitan en exclusiva el juzgado central de instrucción número tres, con el resultado de una extensión en la discusión de todas las características peculiares de tipicidad, autoría y culpa que estos entrañan".

Según la propuesta de Auger, que deberá ser aprobada por la Junta de Jueces y la Sala de Gobierno de a Audiencia Nacional antes de ser remitido al Consejo General del Poder Judicial, el juzgado de Moreiras entendería, a su vez, de los otros delitos competencia de la Audiencia Nacional, como son el narcotráfico y el terrorismo.

En su escrito, el presidente de la Audiencia Nacional recuerda que la atribución con carácter exclusivo al juzgado número 3 del conocimiento de los delitos económicos fue adoptada por el pleno del CGPJ el 10 de mayo de 1989, aunque entró en vigor el 1 de enero de 1990.

Est acuerdo atribuyó al Juzgado Número 3 la competencia exclusiva en delitos sobre control de cambios y en relación con las causas por delito de defraudación y maquinación para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

Indicó que el origen de esta medida fue el acuerdo adoptado por mayoría por la Junta de Juees de la Audiencia Nacional el 17 de febrero de 1989, que se pronunció a favor de que el juzgado número 3 siguiese conociendo con carácter exclusivo esos delitos.

Auger precisa que esta atribución exclusiva de competencias al juzgado número 3 es posible en virtud de la aplicación del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y señala que en la actualidad la penalización en materia de control de cambios está drásticamente reducida por la normativa española.

La propuesta de repartir la instucción de los delitos económicos entre los cinco juzgados de la Audiencia Nacional partió de una reunión informal que a mediados del pasado mes de diciembre mantuvieron los 9 magistrados de la Sala de lo Penal y los 5 jueces centrales de instrucción.

Esta medida no ha sido respaldada plenamente por la fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo fiscal jefe, José Aranda, se mostró entonces de la creación en ese organismo de otros juzgados de instrucción especializados únicamente en asuntos económicos, paraevitar la actual concentración de competencias en un sólo juez, en referencia a Moreiras.