El borrador del anteproyecto de ley recoge en uno de sus artículos que será considerado falta grave "llevar a cabo reclamaciones, peticiones o manifestaciones del servicio con publicidad, o a través de los medios de comunicación social de forma no permitida", según la información publicada hoy por "El País".

En declaraciones a Servimedia, Del Alamo se preguntó si, ante esas limitaciones, será posible "denunciar la situación penosa de los guardias civiles de Tráfico o de quienes trabajan en horribles condiciones en algunas garitas carcelarias, porque se trata de un asunto de servicio".

El portavoz de AUGC partió de la base de que la Guardia Civil distingue, "y lo ha hecho siempre", las "informaciones sensibles" que no se pueden hacer públicas, es decir, las referentes a misiones que no han llegado a término o las que afectan a la seguridad nacional y de los propios agentes.

Por eso, una vez descartado que la ley vaya dirigido a evitar que se produzca "algo que nunca ha ocurrido", Del Alamo entiende que el objetivo de quienes lo han redactado es "cercenar la labor de estas asociaciones que sólo buscan la mejora de las condiciones laborales de los asociados y evitar que los ciudadanos se enteren de la realidad".

El portavoz de la AUGC reconoció que la pertenencia a un ministerio público limita en cierto sentido los derechos como trabajadores de los guardias civiles, pero apuntó que la asociación "está dispuesta a aceptar que los guardias tengan derechos restringidos, pero no tan fundamentales como éste, y menos, de una forma tan arbitraria". Están "torpedeando" nuestros derechos, concluyó.

BOLIGRAFOS CAIDOS

Otro de los artículos del nuevo borrador supondría penar como falta manifestaciones como la de "bolígrafos caídos" porque supone llevar a cabo "acciones concertadas con el fin de alterar el funcionamiento del servicio". Del Alamo se tomó este punto como una maniobra para "amenazar" al Cuerpo ante la movilización iniciada esta semana.

Reconoció, además, que "estos artículos están pensando en la maldad de las asociaciones y en la maldad de los funcionarios del Estado", maldad que, por otra parte, Del Alamo opina que "nunca" se ha manifestado.

"Por esa línea mal vamos", afirmó el portavoz de AUGC, cuando, en una evaluación en conjunto de los artículos del borrador publicados, concluyó que el texto es "un claro retroceso, que no busca modernizar sino amordazar", y que se aleja del objetivo de la AUGC y, por extensión, de la Guardia Civil: "tener los mismos derechos que la Policía Nacional" y ser "homologable" con ella.