La decisión se basa en que la conversación grabada en la cárcel de Alcalá Meco en la que el letrado transmitió al etarra José Ignacio De Juana que había facilitado a la dirección de ETA datos para atentar contra directores de prisione, infringe la Constitución.

La Audiencia Nacional ya declaró nula esta prueba el pasado 21 de diciembre por considerar que las grabaciones fueron obtenidas infringiendo "gravemente" el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones.

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